Por Ademilson Zamboni

​

En mayor o menor grado, la pesca del salmonete resume el escenario de la gestión pesquera en Brasil, que parece estar envuelto en un círculo vicioso de desconfianza entre todas las partes, un mal compañero para quienes toman decisiones políticas, para quienes inspeccionan y monitorean el cumplimiento. con las reglas, para los que tienen que planificar la producción e incluso para los que intentan ayudar. Es un escenario de "perder - perder".  

Como es bien sabido, Brasil no cuenta con un programa oficial y sistemático para recolectar datos estadísticamente confiables sobre pesca. El sector no informa de forma transparente sus capturas, ya sea porque las herramientas para ello no son las más efectivas o porque simplemente no se cumplen los requisitos. Como resultado, nuestros datos nunca mejoran. Así, los científicos, al trabajar con información insuficiente y de baja calidad, producen estudios y análisis que muchas veces son cuestionados por el sector productivo y, al mismo tiempo, son de poca utilidad para la construcción de políticas a nivel Ejecutivo.  

Este nivel de incertidumbre y la inmediatez de la toma de decisiones son, por tanto, incompatibles con la implementación de políticas estructurales para las pesquerías nacionales a largo plazo.  La urgencia combinada con la pobreza de información, y los intereses y presiones institucionales, significa que tenemos, en lugar de un marco legal robusto, solo un mosaico de normas que pueden romperse al primer tirón. Pero es importante recordar que este no es un problema que nazca hoy.  

A su vez, entidades como el Ministerio Público, en el ejercicio de su función, ante esta situación, actúan con miras a reducir o prevenir los daños ocasionados por la interrupción de esta red mal cosida. Alimentadas por la desconfianza, y por los pocos datos y análisis técnicos disponibles para ellos, estas mismas entidades se ven a sí mismas como teniendo que actuar, a veces en la dirección opuesta a las reglas construidas con solo tocar un botón.

Como resultado, la industria pesquera, que dice haberse preparado para actuar según una determinada regla, se siente perseguida y perjudicada. Quien lo definió, en este caso el gobierno, acaba teniendo que ir y venir por un camino lleno de justificaciones, opiniones, ajustes de normas, comunicaciones, etc. En resumen, una pérdida de tiempo y energía para todos, que podría evitarse con más planificación y diálogo.

En la sociedad civil, la vida tampoco es fácil para las organizaciones que trabajan para asegurar que la protección del medio ambiente y la pesca sostenible coexistan de manera armónica en el tiempo, el espacio y la política. Es una condición muy desfavorable para quienes buscan actuar de manera proactiva y con recursos limitados, están dispuestos a recopilar y procesar datos técnicos, y aún así demandan transparencia.  

Si avanzar en este tema requiere una cautelosa apertura de diálogo con diferentes colectivos, también significa sufrir -por desconocimiento, y muchas veces por mala fe- con ataques de quienes dicen sospechar que hay otros intereses detrás de cualquier causa defendida por el tercer sector. Un disfraz.

A propósito, cuestiono en el título de este artículo sobre la necesidad de un pacto, acuerdo, plazo de ajuste de conducta, lo que sea. Aparte de la palabra, lo importante es que el camino elegido nos permite romper este ciclo improductivo y dañino, donde las políticas públicas no pueden proteger el medio ambiente ni brindar seguridad a los pescadores.

Encontrar el punto de inflexión para resolver los impasses en la pesca de salmonetes es, por tanto, un ejercicio excelente para mirar la ordenación pesquera nacional de manera más amplia. Solo así será posible superar este escenario de vacilación y promover la restauración de los océanos y la pesca en Bases sostenibles en nuestro país.